¿Qué está pasando en el departamento IT de la Seguridad Social?

A raíz de que El Economista informara que la Seguridad Social había adjudicado a Telefónica la compra de 817 tabletas para un «proyecto de movilidad», por un importe total de 876.461,33 euros (impuestos incluidos), hemos echado mano de Google para ahondar más en este tema, ya que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social nos ha atendido tan amable como infructuosamente. Es decir, que nos han dicho que «les mandemos las preguntas y que ya nos contestarán».

La sorpresa de poner «Seguridad Social» e «informática» en el buscador da como resultado muchos más artículos de prensa que el anteriormente citado y todos relacionados con diferentes «irregularidades» de esta sección de la administración. Algunos se remontan a finales de los 90, cuando estaba al frente Octavio Granado, y otros con el actual secretario (Tomás Burgos). Y todas ellas afectan al departamento de informática del organismo, en menor o mayor medida.

Empezando con la noticia de apertura, la compra de 817 tabletas a Telefónica, cuyo anuncio de licitación salió en BOE a finales de agosto, está destinada «al proyecto de movilidad de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social», sin más detalles que el sistema operativo de los dispositivos (Windows 8.1) y alguna que otra cifra más. Especialmente relevante es saber la marca y el modelo del dispositivo encargado, dado el alto precio de cada uno, más de 1000 euros. Teniendo en cuenta el precio y el sistema operativo, podríamos aventurar que se trata de la Surface PRO de 128 Gb, un híbrido entre tableta y ordenador, que tiene características muy potentes, por ejemplo en él se puede ejecutar Windows completo y sus niveles técnicos (almacenamiento, procesador…) son bastantes más cercanos al ordenador que a la tableta.

Compras aparte, hace algo más de un año, y según se recoge en Vozpópuli, el Gobierno autorizó a la Tesorería General de la Seguridad Social a contratar mediante concurso abierto los servicios de informática, a cargo de la Gerencia. Se trataba de un contrato jugoso: 40,5 millones para dos años, prorrogables otros dos más por 70,3 millones de euros. No se publicó en el BOE. Este punto y otros más que detallan en este diario, hacen pensar que algo «olía mal» en estas contrataciones.

En 2012, cuando el actual secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos recién ocupaba su puesto, se le acusó de haber falsificado su CV, ya que en este aparecía que de 1993 a 2004 era “licenciado en Medicina”. Sin embargo, fuentes del ministerio lo atribuyeron a “un error técnico, un fallo de coordinación o de comunicación”.

Por último (qué sepamos), unos años antes, cuando el responsable de la entidad era el predecesor de Burgos, Octavio Granados, este fue acusado conceder «a dedo» 230 millones en contratos informáticos. Manos Limpias denunció ante la Fiscalía Anticorrupción a diversos cargos de la Seguridad Social por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y fraude.

A la espera de una respuesta del Ministerio, juzguen ustedes mismos.