Las startups se apuntan a los lobbies

Las grandes innovaciones en Internet suelen ser disruptivas. Y la mayoría han cambiado, o lo están haciendo, modelos de negocio muy asentados como el transporte de viajeros, el de mercancías, el alojamiento turístico o el comercio al por menor, algunos de ellos muy regulados. En muchos casos sus creadores han sabido ver el hueco en el mercado y en la legislación para ofrecer un servicio que supera con mucho al tradicional.

En otros casos, como Airbnb o Uber, la implantación en muchos países y ciudades está chocando frontalmente con leyes existentes. Hasta ahora, el modelo de negocio de muchas startups pasaba por crear un servicio innovador y ventajoso para, después, lidiar con las realidades del mundo físico, entre ellas una tan importante como la legislación.

Según informa el New York Times, los fundadores de startups están adaptándose a esta posible barrera a su crecimiento o incluso a su arranque participando en acciones de lobbying como parte importante de su rol al frente de sus empresas. En los EE.UU., donde la actividad de los lobbies está regulada y supervisada, organizaciones como Opensecrets.org, que vigilan y auditan su actividad, han verificado que, aún habiendo bajado el gasto total en actividades de lobbying, las empresas de Internet han triplicado su gasto en este apartado.

Desde OpenSecrets indican que las empresas que más dinero invierten en acciones de lobby siguen siendo grandes tecnológicas como Microsoft y Facebook, pero que asociaciones empresariales como la Internet Association han triplicado su aportación sólo en los últimos tres años.

Algunas empresas con vocación global pero cuyos negocios se desarrollan sobre el terreno, como las ya mencionadas Uber o Airbnb, que tienen que adaptarse a legislaciones locales muy dispares, están moviendo ficha para informar e influir a los políticos de cientos de ciudades de todo el mundo.

En otros casos como el de Coinbase, una empresa que promueve su plataforma de moneda virtual, tienen claro que deben estar presentes en los centros de poder para aportar su visión a los legisladores. Para ello han contratado a personas con amplia experiencia gubernamental, como John Collins, antiguo asesor del Comité de Homeland Security del Senado de los EE.UU. para mantener un canal abierto de comunicación con distintos departamentos y personas del gobierno norteamericano como el Departamento del Tesoro, la Oficina de Protección Financiera de los Consumidores, la Comisión Federal de Negocio o varios comités del Congreso.

De este modo quieren asegurarse de que los responsables de crear nuevas regulaciones conocen sus necesidades y posibilidades así como las limitaciones a las que podrían condenarles si las futuras leyes no tienen en cuenta su realidad.

En Europa gran parte de la actividad de lobby o de influencia/información a legisladores y cargos representativos no es pública y notoria y no queda reflejada en registros como sucede en los EE.UU. De hecho, en algunas ocasiones la opinión pública se escandaliza al conocer qué dirigentes empresariales visitan y cuántas veces lo hacen a políticos.

Lo que es evidente es que el marco legal puede ser un freno al desarrollo de determinados negocios pero, al tiempo, marca un límite de lo que no es viable hacer y defiende (cuando está bien regulado) a la parte presuntamente más débil en un intercambio económico. Por eso las empresas disruptivas manifiestan tanto interés por influir en las leyes y, al menos en Europa, los tradicionales interlocutores de los gobiernos, como sindicatos, asociaciones gremiales y cámaras de comercio no quieren perder su papel primordial en este tipo de negociaciones.

Desde luego, es otra de las tendencias que primero ha surgido en los EE.UU. y en breve se dará en la vieja Europa. Esperemos que copiemos de ellos también el carácter público de las reuniones e inversión en mecanismos de lobby y el público sepa quién ve a quién y para qué.