Las compañías que castigan a los «chivatos», en el punto de mira del SEC

Como no podía ser de otra manera, las empresas no ven con buenos ojos los «chivatazos» de sus empleados a las autoridades sobre prácticas «corporativas» de dudosa legalidad. En EE.UU. existen leyes que protegen a esos empleados y saltárselas pueden provocar sanciones a dichas empresas pero más de una está dispuesta a correr el riesgo. Hoy, Reuters, nos da algunos nombres: Wells Fargo, AMD y el Banco Fifth Third.

Estas tres compañías han firmado durante varios años acuerdos con antiguos empleados, con los que pretendían evitar que hablasen con terceros o aireasen sus preocupaciones fuera de la empresa, aunque algunos ya lo habían hecho dentro de ella. Y según varios abogados defensores, lo han hecho de tal manera que los acuerdos podrían violar las leyes de protección de delatores, ya que tienen términos similares a los utilizados por otras empresas que han chocado con dichas reglas.

Concretamente, el tipo de lenguaje utilizado en algunos contratos podría estar en conflicto con ciertas reglas y normas aprobadas y adoptadas por la Comisión de Seguridad y Cambio de Estados Unidos en 2011, y pensadas para prohibir los intentos de las empresas de cerrar la boca a los soplones.

La comisión mencionada, la SEC, no se toma a broma estos movimientos empresariales, y desde 2015 ya ha llevado a juicio cuatro casos centrados en intentos de «amordazar» a otros tantos reveladores de información. En todos hay implicados acuerdos de confidencialidad entre empresa y empleado. Solo este mes, la agencia ha confirmado la investigación a dos empresas que obligaban a que los trabajadores que dejasen la compañía renunciaran a sus derechos para recoger las indemnizaciones que ofrece el gobierno a los «soplones» en forma. Ambas se han apresurado a llegar a un acuerdo sin ni siquiera admitir su culpabilidad o negarla. Cada una de ellas ha pagado entre 100.000 y 1.000.000 de dólares de multa para evitar problemas mayores.

Este tipo de problemas se han multiplicado después de la entrada en vigor de normas pensadas para animar a los trabajadores a proporcionar pistas y evidencias de posibles malas prácticas en las empresas. Estas reglas están pensadas para proteger a los que revelen información y para evitar que las compañías puedan tomar cualquier tipo de acción que impida que un individuo entre en contacto con la SEC. Según sus representantes, gracias a estas normas, 32 personas que han revelado información se han llevado 85 millones de dólares.

Caso por caso

De los tres casos mencionados, el relacionado con el banco Fifth Third se remonta a diciembre de 2014, cuando un antiguo empleado, Joseph Kremer, que fue despedido supuestamente por informar de que le preocupaba que se estuviera engañando a los inversores sobre la gestión de determinados fondos. El banco llegó a un acuerdo con Kremer, al que pagó una cantidad desconocida sin admitir que había hecho algo mal, y la posterior queja de Kremel fue archivada por el departamento de Trabajo. Según los términos del acuerdo, el trabajador puede participar en investigaciones del gobierno, pero tiene prohibido recibir cualquier recompensa monetaria, o cualquier otro tipo de compensación.

En cuanto al acuerdo de Wells Fargo, firmado en septiembre de 2015, implicaba a una cajera, Birinder Kaur Shankar, que alegaba que había sido acosada y despedida tras quejarse internamente de lo que denominada comportamiento antiético hacia los clientes. El texto del acuerdo estipulaba que podía hablar con la SEC, como en el caso anterior, pero que tenía que rechazar el derecho, si es que le correspondía, de recuperar cualquier compensación económica o de otro tipo por hacerlo. En el texto, Wells Fargo negaba que la empresa hubiese tenido cualquier comportamiento impropio. El departamento de Trabajo desestimó también la queja de Shankar.

Por último, el acuerdo de AMD, firmado en diciembre de 2012 entre la empresa y el revelador de información Hishaam Mahmood, estipulaba que no podía recibir compensación de ninguna agencia gubernamental. Además, tuvo que asegurarle que no había denunciado a la empresa ante una agencia que no fuese la SEC. Es precisamente esto último lo que puede vulnerar sus propias reglas, puesto que este organismo prohíbe expresamente a las empresas que fuercen a los trabajadores a notificar a los abogados de la entidad de sus comunicaciones con el gobierno. De nuevo, en este caso, AMD volvió a negar haber hecho algo mal.