BlaBlaBar se enfrenta a la Comunidad de Madrid

Hace solo unos días, supimos que la Comunidad de Madrid había llevado a cabo una operación destinada a detectar a conductores que emplean el servicio BlaBlaCar, con el fin de sancionarlos si consideraban que el precio que cobraban por llevar a sus pasajeros superaba el permitido por la ley. Para llevar a cabo la misma, varios inspectores fueron al entorno de la estación de Atocha, con el fin de investigar a un total de 15 conductores que habían quedado con pasajeros a través del servicio. Tras las pesquisas realizadas, se terminó multando a dos de ellos, por considerar que estaban llevando a cabo un servicio de transporte público sin tener la licencia necesaria para tal fin. La sanción a la que se enfrentan cada uno de ambos conductores es de 4.000 euros. ¿La razón? Infringir los artículos 140.2 y 141.7 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT)

La diferencia entre los dos conductores sancionados y los trece restantes radica en el precio cobrado por kilómetro. El Ministerio de Fomento establece un tope de 19 céntimos por kilómetro para considerar que se están compartiendo gastos, y según la Comunidad de Madrid, ambos conductores sancionados cobraban un precio por encima de ese baremo. Este dato, por su parte, ha sido negado por BlaBlaCar, que afirma que sus conductores nunca cobran por encima de los 14 céntimos por kilómetro.

BlaBlaCar reaccionó en primer momento publicando un comunicado en el que afirmaba que todos sus conductores cumplen las normas marcadas por la compañía, que a su vez se ajustan a la legalidad vigente, y confirmaron su interés en mantener una reunión con la Comunidad de Madrid para aclarar lo sucedido. Dicho encuentro se produjo ayer con la Dirección General de Transportes de la comunidad, pero parece claro que no se llegó a acuerdo alguno, puesto que la start-up de consumo colaborativo ha anunciado hoy que denunciará a la Comunidad de Madrid ante la Comisión Europea.

En un segundo comunicado emitido por BlaBlaCar, la empresa incide en que no existe ánimo de lucro en los conductores que ofrecen sus servicios a través de la plataforma, y que el marco jurídico de la Unión Europea ampara por completo dichas actividades, que se llevan a cabo con normalidad en otras ciudades y países de nuestro entorno. Confirman, también, su apoyo a los dos conductores denunciados, lo que se entiende como que se involucrarán de manera activa en la defensa de los mismos ante las denuncias recibidas.

El mar de fondo de esta situación es el enfrentamiento entre BlaBlaCar y Confebús, la patronal de las empresas de autobuses en España (agrupa a aproximadamente 2.000 compañías), que denunció hace ya algún tiempo al servicio colaborativo por competencia desleal y de operar al margen de la ley, y que también ha afirmado recientemente que algunos conductores del servicio cobran más de 19 céntimos por kilómetro recorrido. La causa ya está pendiente de sentencia en el juzgado de lo mercantil número 2 de Madrid, y del resultado de la misma depende que la compañía pueda seguir prestando servicio en nuestro país o, por el contrario, tenga que cesar en su actividad.