Hacienda: «Renovar los acuerdos marco TIC supone más de 500 millones de euros»

Cuando tienes la oportunidad de hablar con quien conoce a fondo la administración, te das cuenta que la visión que tenemos los ciudadanos desde fuera es tan sesgada como variada son sus funciones. En esta ocasión nos referimos al Ministerio de Hacienda, una institución clave y básica del estado español que, aunque visto con un poco de recelo por el contribuyente, tiene una función desconocida pero vital a la hora de vertebrar el conjunto de la administración.

Y es que es el Ministerio de Hacienda es el encargado de hacer las compras de suministros de bienes y servicios (entre los que se encuentran los tecnológicos) para los diferentes ministerios , gestionado desde hace unos años bajo el mando de la denominada Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación.

En el evento que Adjudicaciones TIC  organizó hace unos días con motivo de la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) descubrimos a unos funcionarios ministeriales tratando de hacer encajes de bolillos para contentar a todos: proveedores, legisladores y ciudadanos.

Allí tuvimos la oportunidad de charlar con una de las funcionarias responsables de la subdirección de contratación centralizada de tecnologías, Carmen Gandarillas. Su acometido desde la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación es contratar los acuerdos marcos de PCs, impresoras, sistemas de almacenamiento, elementos y sistemas de comunicaciones, sistemas y elementos de seguridad, servicios de alojamiento (hosting y housing) y desarrollo de aplicaciones. Gandarillas nos contó muchas cosas sobre cómo funciona este área, entre otras cosas cómo valoran la calidad de los productos, por qué es tan importante saber utilizar la Plataforma de Contratación o qué peso tiene la innovación tecnológica y la experiencia en sus decisiones de compra.

La aplicación de la nueva LCSP (que ha entrado en vigor el pasado 9 de marzo) le exige estar al día de una ley muy amplia y compleja de la que aún queda mucho por estudiar. No obstante, Gandarillas nos hizo una pequeña reflexión personal sobre los pros y los contras de la misma. «Lo que más me gusta de la ley es que se enfoca hacia la calidad de los proyectos, y no solo al precio. Lo negativo es que no entra en detalle de cómo hacer ese difícil trabajo».

Dar herramientas a un buen gestor que «le permita elegir lo mejor» es, sin duda, una buena noticia para todos, pero no lo es tanto «darle tal discrecionalidad que al final pueda tomar decisiones arbitrarias y elegir lo mejor que a él le parezca. Aunque aquí es donde está el reto de los gestores: comprar lo mejor pero justificando ante todos qué es lo mejor, no lo que nos parece a nosotros«, indicó.

Pero, ¿cómo definir algo tan subjetivo como la «calidad?, ¿tiene que ver con la innovación? Quizás en otro contexto, pero no «está entre lo principal para nosotros, ya que los bienes y servicios que compramos aquí son muy estándar a día de hoy. Tenemos que tener un ojo puesto en la innovación pero no estamos adquiriendo ni servicios ni suministros muy innovadores, sino bienes de uso común: portátiles, fotocopiadoras, impresoras… sobre los que ya hay un estándar en la manera de ofrecerlos por parte del mercado».

Desde nuestro prisma, una cualidad que podría definir a la calidad podría ser la experiencia, pero no para esta administración: «Hasta hace muy poco, la experiencia era algo que la ley de contratos no permitía que se usara, porque valorar esto en una contratación suponía, de alguna manera, dar puntos positivos a una empresa por el mero hecho de que ya se haya llevado contratos, en detrimento de las nuevas, o de las que vengan de fuera». Con la nueva ley se da un poco de cabida a valorar este aspecto para determinados contratos.

«Desde la parte de IT, nosotros procuramos siempre ir a criterios muy objetivos, criterios de fórmula que tengan que ver con eficiencia energética, rendimiento, prestaciones, capacidad y, por supuesto, el precio suele estar presente». 

La licitación electrónica y su uso

La herramienta que jugará un papel crucial con la nueva ley de compras es la licitación electrónica, obligatoria para las centrales de contratación desde abril de 2017 y que pronto lo será para todos los órganos de contratación. La Plataforma de Contratación del Sector Público es una herramienta fundamental para los órganos de contratación y para las empresas.

Las empresas que quieren hacer negocio con la administración son aún reticentes a utilizar esta herramienta y para Carmen Gandarillas se trata de una solución «muy interesante y un proyecto enorme que no ha tenido el eco que debería tener». Pero también entona el mea culpa: «Para su éxito hace falta que los órganos de contratación aprendamos a usarla y en ello estamos. Por parte de las empresas han de saber que es el sitio al que acudir para licitar y que no habrá otro».

Mesa redonda del evento sobre la nueva LCSP.

En la plataforma estarán todas las licitaciones y enlaces a plataformas de algunas Comunidades Autónomas. «Hay muchísima colaboración entre la Dirección General de Patrimonio del Estado, que es la unidad de nuestro ministerio que gestionala plataforma y las Comunidades Autónomas». Esa colaboración busca que los licitadores tengan más fácil el acudir a unos sitios únicos donde ofrecen toda la información.

Gandarillas reconoce que el uso de la plataforma por parte de las empresas requiere atención . «Antes se estaba acostumbrado a presentar ofertas en papel que firmaba el apoderado«, y todo era más flexible. «Ahora, la plataforma es muy rigurosa y necesita de cierta práctica por parte de los licitadores, y que le den la importancia que tiene, porque es la herramienta con la que se van a comunicar. Y no solo hablo de la presentación de las ofertas, que si no llega a tiempo, la empresa queda fuera del procedimiento, sino también que hay momentos importantes como la notificación de acuerdos de exclusión y tienen que saber tomarlas en consideración, contestarlas, saber los plazos, qué se les pide, etc..».

Parece que la administración despierta a la Transformación Digital, dejando atrás años duros de crisis, que evidentemente también afectaron a la adquisición de tecnologías. «Ha habido años con menos presupuesto y menos renovación«, reconoce la directiva. «Durante los años de crisis hubo menos compras de todo y apurábamos un poco más la vida útil de los equipos, pero ahora estamos en otro momento de pequeña subidas».

Sin embargo, apostar por tendencias más disruptivas como el Machine Learning o la Inteligencia Artificial no entra entre los planes de la Central de Contratación del Estado. «Nosotros estamos comprando bienes de uso común y tenemos que adquirir cosas en las que haya suficiente competencia. Aunque un servicio sea interesantísimo, si solo hay dos proveedores en el mercado que lo ofrezcan es mejor esperar a que haya una mayor concurrencia».

El ministerio es algo conservador en su política de compras. «Observamos las innovaciones que hay pero no son cuestiones tan consolidadas en una concurrencia ideal para tenerlas en cuenta en el ámbito de la contratación centralizada, que se orienta a la provisión de bienes y servicios estandarizados en el mercado», indicó.

Entonces, ¿a qué tipo de proyectos está dando prioridad Hacienda? «A renovar los acuerdos marcos, contratos centralizados y a consolidar el modelo de la centralización. Nuestras prioridades pasan por mejorar la transparencia y la concurrencia en las licitaciones, introducir los aspectos medioambientales y sociales en la contratación y en general continuar mejorándola eficiencia, profesionalización y buenas prácticas en la
contratación. Tenemos la instrucción del ministro de llevar a cabo una serie de contratos centralizados de bienes y servicios que son de uso común en los ministerios«.

Y es que, la mera renovación de los acuerdos marcos ya suponen un volumen «de trabajo brutal«, porque estamos hablando de unos 1.100 millones de euros al año, aproximadamente, de los cuales de TI son más de 500 millones, en más de 5.000 contratos.

A partir de 2013, la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación ha crecido exponencialmente y el objetivo ahora mismo es «conseguir que funcione bien, estabilizar el modelo y ofrecer eficiencia a nuestros clientes, que son las Administraciones Públicas y sus usuarios». 

En resumidas cuentas, la nueva LCSP junto con la plataforma de licitación suponen un reto que han de afrontar, de forma conjunta, gestores y empresas interesadas en licitar. Al final, el esfuerzo merecerá la pena: más calidad, más información y más igualdad.