La CNMC expedienta a Telefónica por posible discriminación al reparar averías de otros operadores

La Comisión Nacional del Mercado de Valores se enfrenta de nuevo a Telefónica. En esta ocasión con la apertura de un expediente sancionador contra la compañía por mantener presuntamente una actitud discriminatoria en la reparación de averías de otros operadores. En concreto, según Europa Press, en la solución de los fallos de los servicios mayoristas NEBA cobre y fibra.

Para tomar esta medida, la CNMC ha analizado la situación desde enero de 2017 hasta marzo de 2018. Y con los datos que ha conseguido a partir de este análisis, ha conseguido bastantes indicios de que Telefónica habría incumplido la obligación que tiene impuesta de no discriminar a terceros, dada su posición como operador con un poder notable de mercado en los mercados mayoristas de banda ancha.

Así, la Comisión recuerda que la compañía debe prestar a terceros «recursos equivalentes a los que se proporciona a sí misma«. Además, debe hacerlo «en las mismas condiciones y plazos«. Estas están recogidas en las ofertas mayoristas que ya aprobó en su día la CNMC.

En este sentido, la entidad recuerda que «la obligación de no discriminación que tiene impuesta Telefónica se refiere tanto a la calidad del servicio como a los plazos de entrega y demás condiciones del suministro, con independencia de la ubicación física«. Y sostiene que la operadora habría suministrado servicios y solucionado averías de sus clientes en unos plazos más cortos que los de la provisión y mantenimiento de los servicios mayoristas prestados a operadores alternativos.

Por lo tanto, y a la vista de los indicios hallados en el marco del expediente abierto, y siempre según la CNMC, «Telefónica podría haber incurrido en una infracción muy grave de la Ley General de Telecomunicaciones«. Eso sí, la entidad añade que el hecho de que se haya abierto este expediente no tiene nada que ver con el resultado que arrojará finalmente la investigación. A partir del momento de la apertura del mismo, se abre un periodo de una duración máxima de un año para su instrucción y resolución.