La nueva Ley de Protección de Datos sigue levantando ampollas entre los usuarios. Entre otros motivos, por su permisividad con el spam político, dado que incluye una medida, en una de sus disposiciones finales, que según varias fuentes facilita a los partidos la posibilidad de recopilar opiniones políticas de los ciudadanos mediante el rastreo de webs y de perfiles en redes sociales para el envío a posteriori de propaganda electoral personalizada. La AEPD lo niega, pero el Defensor del Pueblo no está de acuerdo, y según EFE ha recurrido ante el Tribunal Constitucional esta nueva ley.
Este organismo ha actuado tras la solicitudes recibidas por varias asociaciones y juristas contra el artículo que permite el rastreo de datos mencionado de cara a la elaboración de perfilados para el envío de propaganda. Por eso ha recurrido, según el escrito que ha remitido a los que han hecho la solicitud, haciendo uso «de la legitimación que le confiere el artículo 162.1 de la Constitución Española«.
Por lo tanto, el Defensor del Pueblo «ha interpuesto recurso de inconstitucionalidad contra el precepto de la mencionada ley por considerar que a través del mismo se vulneran los artículos 9.2, 16, 18.4, 23.1 y 53.1 de la Constitución«.
Con esta medida se busca evitar que los usuarios de redes sociales o determinadas webs vean sus datos recopilados sin su consentimiento. En concreto, la polémica surge del texto de la disposición final tercera de la nueva Ley de Protección de Datos y Garantía de los derechos digitales. El Defensor del Pueblo ha recurrido el artículo 58 bis.1 de la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General, que está incorporado a la ley por dicha disposición final. Este artículo, según las organizaciones que han protestado, se salta las medidas garantistas de la RGPD.
