Europa acusa a Volkswagen, BMW y Daimler AG de frenar la innovación en tecnología para reducir emisiones

El escándalo de las emisiones de Volkswagen fue uno de los problemas más graves que ha tenido que afrontar el gigante alemán en los últimos, pero la polémica está lejos de acabar. Europa inició el año pasado una investigación oficial contra dicha compañía que se extendía, además, a Daimler y BMW, y hoy ha terminado un pliego de cargos que ya ha llegado a manos de los implicados.

La conclusión a la que ha llegado la Comisión Europea es clara y simple, Volkswagen (que incluye a Porsche y Audi), BMW y Daimler AG mantuvieron un acuerdo a escondidas para frenar el desarrollo de tecnología que permitiera reducir las emisiones y dar forma a coches con motores de combustión más limpios. Dicho de otra forma, impidieron la llegada de coches menos contaminantes a Europa.

En el pliego de cargos que Europa ha remitido a las empresas acusadas se expone claramente que las tres compañías se aliaron para frenar la implantación del sistema SCR (reducción de catálisis selectiva), que consigue reducir las emisiones de dióxido de nitrógeno, y también el uso de los filtros de partículas Otto (OPF), que ayudan a reducir las emisiones de partículas nocivas en coches con motores de gasolina.

Según el documento la Comisión Europea estima que el acuerdo se ejecutó en dos fechas distintas, de 2006 a 2014 en el caso del sistema SCR y de 2009 a 2014 en el caso de los OPF. Es importante tener en cuenta que aunque Europa ha presentado un pliego de cargos con una argumentación muy sólida el caso todavía no está cerrado, es decir, Volkswagen, BMW y Daimler AG tienen la posibilidad de defenderse de las acusaciones que éste representa, y que en el mismo solo se centra en la vulneración de las leyes de competencia.

Esto implica dos cosas. Por un lado si tras la defensa que presenten las partes implicadas se acaba concluyendo que son culpables podrían recibir una multa del 10% de sus ingresos anuales a nivel internacional, y por otro lado queda abierta la posibilidad de que tengan que afrontar otro proceso por violar otras normas comunitarias, como la de emisiones, por ejemplo. Recordamos que no hay un plazo establecido como máximo para que finalice este proceso, así que se puede extender durante todo el tiempo que sea necesario.