El proyecto de recuperación de la neutralidad de la Red gana la primera batalla

La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado una legislación para intentar recuperar la normativa de neutralidad de la red anulada al inicio de la administración de Trump al dictado del lobby de las poderosas operadoras de telecomunicaciones estadounidenses.

En una votación dividida en líneas partidarias (232 a favor por 190 en contra), la mayoría demócrata ha cumplido una promesa que se ha convertido en un grito de guerra en círculos progresistas durante las últimas elecciones legislativas de 2018 y se espera vuelve a ser relevante en las presidenciales de 2020. 

La iniciativa Save the Internet Act logra así una victoria aunque no definitiva y tiene que pasar el trámite del Senado (liderado por los republicanos) e incluso, después, un bloqueo de la Casa Blanca hacia la que ya ha apuntado Trump. La nueva legislación prohibiría el bloqueo y limitaciones del tráfico web y categorizaría la banda ancha como un servicio abierto tal y como fijaban las normas de neutralidad de la Red hoy derogadas por la actual administración. 

«No podemos confiar simplemente en los proveedores de Internet para decir que esto es una Internet libre y abierta». «Nadie les cree», dicen los demócratas en una batalla que afecta a todo el planeta. Cuando Estados Unidos estornuda el resfriado alcanza a todo el planeta y mucho más en tecnología al tener allí su sede todas las grandes de Internet, comercio electrónico, centros de datos para servicios en nube y un larguísimo etc.

Neutralidad de la Red: la batalla continua

La Neutralidad de la Red es un principio fundamental para salvaguardar una Internet libre, abierta y no discriminatoria. El término fue acuñado en la Universidad de Columbia por el profesor Tim Wu y refiere la manera por la cual los proveedores de accesos a Internet, los gobiernos o las organizaciones principales que regulan su uso, traten al tráfico de datos por igual, sin discriminación, independiente del servicio o aplicación usada, el modo de comunicación o el dispositivo hardware utilizado.

Las normas existentes antes de Trump, reforzadas en 2015 por la administración Obama, trataban a los proveedores de servicios de Internet como servicios públicos, lo que garantizaba que los servicios que prestasen no se limitasen en modo alguno, con acceso abierto para todos y trato igualitario del tráfico de datos sin discriminación.

La demolición de esta normativa, dirigida por un ex-abogado de la operadora Verizon desde su actual puesto de presidente de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) pone en peligro el funcionamiento de Internet y otorga todo el poder a las operadoras. Sin neutralidad de la red, los proveedores de acceso a Internet tienen la capacidad técnica y la autoridad legal para discriminar los accesos y el tráfico de la Red de redes, cobrando cantidades suplementarias por el uso de determinadas aplicaciones y servicios, y ofreciendo ventajas competitivas al priorizar accesos y tráfico a quien pague más por ello.

Las nuevas normas dejan abierta la posibilidad de aumentar precios, bloquear determinados contenidos o criminalizar -legalmente- algunos tipos de redes como las P2P. También sustentar el control político de la Red de redes que vemos en muchos países. Pequeñas empresas y start-ups tendrán que soportar estos mayores costes de servicio. Y los que no paguen se encontrarán en una clara desventaja comercial acabando con la competencia.

Múltiples han sido los grupos que han protestado y tomado posición a favor de recuperar la neutralidad de la red perdida comenzando por la Internet Association que representa a grandes gigantes tecnológicos como Amazon, Facebook, Google, Netflix o Twitter. También grupos de derechos como la EFF, asociaciones como la Asociación de Internautas, grandes medios tecnológicos y seguramente lo principal para el Partido Demócrata: la ciudadanía es contraria en un 83% a la entrada en vigor de las normas de Trump, que llevan a debate la última década.