Las aplicaciones para detectar el COVID-19 se enfrentan a su principal problema: escalabilidad

Hace días que se repite la misma noticia: el Gobierno español estaría preparando una aplicación con la que medir la expansión del COVID-19. Los españoles seguiríamos así los pasos que han dado otros países como China, en los que estos tipos de aplicaciones se han mostrado ser una herramienta eficaz para detener el virus. Al hacer uso de sensores como Bluetooth o GPS, cada usuario podría conocer si ha estado en contacto con una persona contagiada y que por lo tanto, debería ponerse en cuarentena.

A raíz de lo anterior, las críticas no han tardado en surgir y no son pocos los expertos que afirman que este tipo de aplicaciones invaden la privacidad de las personas y que más adelante, cuando todo esto pase, podrían utilizarse para otro tipo de fines…mucho menos éticos.

Así las cosas y como no es España el único país que se ha mostrado dispuesto a lanzar esta aplicación, la Unión Europea ha decidido tomar cartas en este asunto. En un comunicado, la Comisión Europea ha recordado que las aplicaciones que se pongan en marcha deben cumplir estrictamente con la GDPR, lo que en este caso implica principalmente dos cosas: los ciudadanos deberán consentir de forma explícita la cesión de sus datos personales y, en segundo lugar, las aplicaciones no podrán geolocalizar a los usuarios.

La Comisión también ha recordado que toda la información que procesen estas Apps deberá ser anonimizada y es más, debe ser compatible con los estándares utilizados por cada uno de los países miembros que pongan este tipo de aplicaciones en marcha; de este modo, si un ciudadano español viaja por ejemplo a Francia, ambas aplicaciones (la española y la francesa) tienen que ser capaces de reconocerse y comunicarse entre sí.

En estos momentos, 28 países de todo el mundo (11 de ellos europeos) o han lanzado o tienen entre sus objetivos próximos lanzar una aplicación de este tipo, según indican desde la consultora Linklaters. Ahora bien. Todos confiamos en que como esta aplicación parece haber funcionado bien en China, debe hacerlo de la misma manera en Europa. Y sin embargo, la ecuación no es tan sencilla. El principal problema al que nos enfrentamos en el viejo continente es el de la escalabilidad.

O como afirma Sonia Cisse, abogada experta de esta consultora: «tener las herramientas apropiadas para rastrear y localizar a los que tienen un coronavirus es un paso importante, pero también está el reto de la adopción a gran escala para que estas aplicaciones funcionen de forma eficaz». Y es que como explican estos expertos, aproximadamente dos tercios de la población de un país determinado debería instalar la aplicación en su teléfono para que funcione de forma efectiva.

Lo saben bien en Singapur. Pese a que el pequeño país asiático presentó hace unas semanas Trace Together, la que se consideraba que era la aplicación más avanzada para «parar» el COVID-19, no ha arrojado ni de lejos los resultados esperados. ¿El problema? Que pese a que el Gobierno se ha esforzado en promocionarla, únicamente una de cada seis personas la han instalado en su terminal.

Y en Estados Unidos van camino de repetir el fracaso. En este caso,  Google y Apple han unido fuerzas para obtener los mismos resultados, integrándolos en distintas aplicaciones, especialmente en las promocionadas por los servicios de salud de los distintos Estados. Pero los problemas son los mismos y en un país en el que la «intromisión» del Estado siempre es vista con recelo y en el que se valora más la libertad individual que la salud pública, no parece que vaya a funcionar.