Un juzgado británico rechaza la extradición de Julian Assange

Julian Assange no será extraditado a Estados Unidos. Al menos por el momento, según ha dictaminado un jueza del Tribunal Penal Central del Reino Unido.

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, no puede ser extraditado legalmente a Estados Unidos debido a su «salud mental y riesgo de suicidio». Aunque la jueza de distrito Vanessa Baraitser rechazó los argumentos principales de los abogados del periodista, incluyendo la persecución política, sí admitió que las condiciones de aislamiento que probablemente enfrentaría en Estados Unidos significaban que la extradición sería «opresiva» y de ahí su rechazo.

La jueza tendrá que determinar esta semana si concede la libertad condicional a Assange, en prisión preventiva desde hace casi dos años cuando fue detenido por la policía británica una vez que Ecuador le retiró el asilo diplomático al que se acogió en 2012 y condenado a 50 semanas por «violar las condiciones de la fianza».

Los abogados que representan a Estados Unidos ya han anunciado que interpondrán una apelación y es probable que el caso dure unos cuentos años más hasta que llegue al Tribunal Supremo británico. Los cargos mencionados por el Departamento de Justicia de EE.UU.  se relacionan con «el supuesto papel de Assange en uno de los mayores compromisos de información clasificada en la historia de los Estados Unidos».

De ser extraditado, Assange se enfrentaría a 17 cargos de espionaje y piratería informática, incluyendo «una conspiración para cometer una intrusión informática por aceptar romper una contraseña de una computadora clasificada del gobierno de los Estados Unidos». Los cargos son muy graves bajo la controvertida Ley de Piratería.

Julian Assange: un caso oscuro que va a continuar

Para muchos, Assange es un preso político al que no se perdona la publicación de informes anónimos y documentos filtrados por Wikileaks que revelaron los más sucios comportamientos en la política mundial. Miles de documentos militares secretos que fueron publicados en el medio on-line y que revelaron numerosas irregularidades de Estados Unidos en las guerras de Irak y Afganistan.

Recordemos que la persecución contra Assange comenzó hace una década cuando un juez británico aprobó su extradición a Suecia por un caso que nada tenía que ver con WikiLeaks, bajo un cargo de violación y tres de agresión sexual, éstos últimos ya prescritos. Assange fue implicado en agosto de 2010 y tras una investigación fue absuelto poco después de esas acusaciones. Posteriormente, cuando Wikileaks volvió a publicar material comprometido la fiscalía sueca reabrió el caso. Un caso rocambolesco que «olía» a otro tipo de motivaciones como los abogados de Assange han proclamado desde el principio.

La detención posterior de Assange fue declarada ilegal, según dictamen del panel de expertos internacionales de la ONU. El grupo de trabajo de Naciones Unidas dio un soberano repaso a las autoridades británicas (y suecas), pidiendo que se «termine su detención, se garantice su seguridad e integridad física, se le facilite el ejercicio de su derecho a la libertad de movimientos e incluso que reciba una compensación».

El problema es que la decisión del grupo de expertos de ONU para detenciones arbitrarias no era vinculante jurídicamente. Las autoridades policiales británicas explicaron que el caso no había cambiado y que detendrían a Assange en cuanto pusiera un pie fuera de la embajada de Ecuador en Londres donde llevaba refugiado (o más bien encerrado) desde 2012. Las presiones de todo tipo a Ecuador lograron que el país revertiera el estatus diplomático y de asilo concedido al periodista por el presidente Rafael Correa.

Julian Assange puede ser condenado hasta 175 años de prisión e incluso a la pena de muerte si es extraditado a Estados Unidos.