La CHIPS Act concederá 52.000 millones de dólares en subvenciones, aunque con algún «pero»

Estados Unidos se embarcó recientemente en un proyecto muy ambicioso, pero también muy interesante, que tiene como objetivo reconstruir y reforzar su posición en el sector de la fabricación de semiconductores. En este sentido, la CHIPS Act se ha erigido como uno de los pilares fundamentales para poder sacar adelante dicho proyecto, aunque con matices importantes que pondrán las cosas difíciles a algunas empresas.

Antes de entrar en materia es importante recordar qué es exactamente la CHIPS Act, también conocida como la «Ley CHIPS». Se trata de un proyecto de ley que todavía está pendiente de aprobación, y que contempla la concesión de importantes ayudas a las empresas que quieran establecer nuevas instalaciones dedicadas a la fabricación de semiconductores en territorio estadounidense. Esto representa una inversión importante por parte de Estados Unidos, ya que los semiconductores se han convertido en una pieza fundamental dentro de nuestra sociedad, así que no es extraño que dicha ley contemple ayudas por un total de 52.000 millones de dólares.

Hasta aquí todo bien, pero para poder acceder a esas ayudas será necesario cumplir con una serie de requisitos clave. Técnicamente la CHIPS Act ha sido concebida para ayudar primero, y en mayor medida, a las empresas nacionales, lo que significa que Intel será una de las grandes beneficiadas. Tener una mayor capacidad de producción de semiconductores a nivel local reduce la dependencia de terceros, y permitiría a Estados Unidos hacer frente a posibles conflictos o tensiones comerciales que puedan limitar, de forma total o parcial, su acceso a los semiconductores.

Ya hemos visto el primer «pero», y es que la CHIPS Act está generando cierto malestar entre las empresas que aspiran a conseguir parte de esos fondos porque, al final, sienten que habrá un cierto favoritismo en el reparto de los mismos. Por otro lado, para poder acceder a esos fondos las empresas deberían abstenerse de construir o de ampliar sus instalaciones en países «no amistosos», lo que al final podría acabar poniendo a más de una empresa en una situación complicada.

Veremos cómo evoluciona esta situación y cómo se reparten al final esos fondos. De momento, Intel sigue esperando a que se apruebe dicha ley para poder iniciar las obras de su nueva fábrica en Ohio. También será interesante ver cómo se cubren todos los puestos de trabajo altamente especializados que se crearán con la construcción de esas nuevas fábricas. Puede que, al final, acabe siendo necesario recurrir en mayor medida a la inmigración.