El Parlamento Europeo aprueba el Proyecto de Ley de Datos

El Parlamento Europeo ha aprobado esta semana el texto del Proyecto de Ley de Datos, un texto que, cuando se convierta definitivamente en ley, tendrá como fin impulsar la innovación, a través de la eliminación de los obstáculos que los consumidores y las empresas tienen para acceder a los datos. El texto se ha aprobado por 500 votos a favor y 23 en contra, y 110 abstenciones. Ahora entrará en una fase en la que los Miembros del Parlamento Europeo empezarán las negociaciones con el Consejo Europeo para la redacción final de la ley.

La propuesta de ley contribuirá, según lo previsto, al desarrollo de servicios nuevos. En concreto, en el campo de la Inteligencia Artificial, donde se necesitan ingentes cantidades de datos para entrenar algoritmos. Además puede llevar a mejores precios de servicios postventa, y a optimizar la reparación de dispositivos conectados.

La Ley de datos establecerá unas normas comunes que regulen la compartición de los datos generados por el uso de productos y equipos conectados, o por servicios relacionados con ellos. Como los de Internet de las Cosas, o las máquinas industriales. Con estas normas se pretende ofrecer justicia y equidad en los contratos de compartición de dichos datos.

Para ello, los miembros del Parlamento Europeo van a adoptar medidas que permitan a los usuarios acceso a los datos que ellos mismos generan, ya que según la Comisión Europea, el 80% de los datos industriales que se recogen nunca se utilizan. Con el texto también quieren asegurar que los acuerdos contractuales a los que llegan las empresas con respecto a estos datos ocupan un lugar destacado en las relaciones de negocios entre empresas.

Las empresas podrán decidir qué datos pueden compartirse, y el fabricante podría, eso sí, elegir que, por defecto, algunos datos no estén disponibles. Cuando las empresas redacten sus contratos de compartición de datos, la ley equilibrará el poder de negociación en favor de las pymes, protegiéndolas de términos contractuales injustos impuestos por las empresas que estén en una posición negociadora más fuerte.

El texto define también cómo pueden los organismos públicos acceder y usar los datos que estén en poder del sector privado, cuando haya circunstancias excepcionales y emergencias que hagan necesario su empleo. Por ejemplo, en incendios o en inundaciones.