La mayoría de países de la UE rechazan el impuesto a las Big Tech para financiar el 5G

Europa se encuentra sumergida en una carrera de fondo por implantar de forma definitiva el 5G y la banda ancha en la región, mejorando notablemente la eficiencia y la conectividad de sus ciudadanos. No obstante, en una reunión celebrada en las últimas horas, hasta 18 ministros de telecomunicaciones se han posicionado en contra de la iniciativa de los grandes operadores de telecomunicaciones de obligar a las Big Tech a compartir el coste de redes y a ayudar en la financiación del despliegue 5G.

Thierry Breton, jefe de industria de la Comisión Europea CE, ha expuesto la negativa colectiva al impuesto de red para las empresas tecnológicas, ya que esto supondría unas consecuencias negativas muy graves. Ente las damnificadas estarían Google, Apple, Netflix, Amazon o Microsoft, que alegan que ya invierten lo suficiente en el ecosistema digital como para que también tengan que pagar el nuevo impuesto de red.

Por el contrario, hay grandes operadoras de la talla de Telefónica, Orange, Telecom Italia y Deutsche Telekom, entre otras, que exigen que se comparta el gasto. Alegan que los datos de los hiperescalares y su contenido representan gran parte del tráfico de la red. Pese a actuar como intermediario, Breton podría ser un aliado. Hay que recordar que es exdirectivo de France Telecom y Atos.

Un problema con consecuencias

Todo ello supondría una consecuencia letal para los consumidores finales, que verían incrementadas sus tarifas. De hecho, los ministros de telecomunicaciones europeos afirman que la falta de un análisis sobre los efectos de un impuesto a la red, la ausencia de un déficit de inversión y riesgo de que los consumidores sean los grandes damnificados son aspectos a tener en cuenta.

Además, de imponerse esta medida se estarían vulnerando las reglas a favor de la neutralidad de la red que exige que todos los usuarios sean tratados por igual, así como que no existan interferencias en la innovación y en la calidad de los productos y servicios ofertados.

El posicionamiento de los países de la UE

Hay países como España, Francia, Grecia, Italia, Hungría y Chipre que respaldan el impuesto, mientras que otros como Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Irlanda, Lituania, Malta y Países Bajos muestran su férrea oposición. Por su parte, Polonia, Rumanía y Portugal han optado por una posición neutral en el conflicto tecnológico.

Ahora se espera que Breton emita un informe definitivo a finales de junio con un resumen sobre los comentarios proporcionados por las Big Tech, los proveedores de telecomunicaciones y otros agentes implicados, lo cual ayudará a determinar cuáles son los próximos pasos a seguir. No obstante, la propuesta legislativa deberá negociarse con los países de la UE y los legisladores antes de que pasase a convertirse en ley.

Antecedentes del acuerdo

El pasado 19 de mayo, la Comisión Europea daba por finalizada la consulta pública tras escuchar las opiniones de la industria. El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT) presentó sus alegaciones posicionándose a favor del ‘far share’ o ‘contribución justa’ de las plataformas de contenidos a la red de telecomunicaciones.

Tomando como referencia la Asociación Europea de Operadores de Redes de Telecomunicaciones (ETNO), para 2030 se prevé que exista un déficit de financiación en las redes de unos 174.000 millones de euros, algo que supondría que 45 millones de ciudadanos del viejo continente se quedasen sin servicios de banda ancha.

Además, el COIT asegura que la normativa actual no impulsa la realización de las inversiones necesarias que garanticen un entorno digital sólido en la UE, siendo necesario habilitar un mecanismo y un sistema de supervisión que permitiese la contribución justa y proporcionada de todos los actores del mercado.

Todo ello es posible si se cuenta con entidades neutrales con un amplio conocimiento en el mercado de las telecomunicaciones que asesorasen a las autoridades nacionales a conseguir los objetivos técnicos y sociales de la contribución justa y que garantizase la sostenibilidad de las redes europeas. Por supuesto, sin perder el desarrollo de un entorno digital competitivo y accesible.

Si miramos al territorio nacional, la Asociación Española para la Digitalización, DigitalES y el sindicato UGT, propusieron un modelo de contribución justa por parte de las grandes plataformas digitales en pro del despliegue de las nuevas redes en Europa. Y es que según sus datos, las seis mayores plataformas de Internet aglutinan más del 50% del tráfico mundial y cuentan con modelos de negocio que les impulsa a incrementar el volumen de datos que fluyen por las redes.