El Consejo de Ministros da luz verde a Zegona para comprar Vodafone España

El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros de este pasado martes la compra del 100% de Vodafone España por parte de Zegona. Con este paso cambiará de manos la tercera operadora de telecomunicaciones del país por cuota de mercado. Actualmente cuenta con el 22% de los clientes de telefonía móvil y con el 16% de los de banda ancha fija.

Su venta la valorará en 5.000 millones de euros, que Zegona pagará a través de una combinación entre deuda y capital. El grupo que la va a comprar, Zegona, ha presentado durante el proceso de autorización al que ahora han dado luz verde desde el gobierno un plan estratégico y financiero, que entre otras cosas recoge sus compromisos de garantizar la continuidad del servicio y de realizar inversiones en el futuro. Sobre todo, en cuanto a cobertura móvil con tecnología 5G. También pondrá en marcha medidas para garantizar la solvencia financiera de la compañía.

El Gobierno recibió la semana pasada el informe favorable a la compra de la Junta de Inversiones Exteriores del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, después del escrutinio de la operación que exige la normativa en estos casos.Además, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, ha autorizado a Zegona la toma de control sobre las concesiones de espectro radioeléctrico que tenía hasta ahora Vodafone España.

 Jose Luis Escrivá, Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha destacado que «el sector de las telecomunicaciones se encuentra en un momento de profunda reorganización, y es obligación de los poderes públicos garantizar que este servicio estratégico no sólo esté asegurado, sino que salga reforzado cuando se produce una operación empresarial de alcance. Con los compromisos asumidos por el?? comprador, estamos convencidos de que el liderazgo de España en conectividad podrá consolidarse«.

A pesar de esto, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, según Europa Press, han trasladado al Goberno su preocupación por la posibilidad de que se produzcan despidos en Vodafone tras su venta a Zegona.

Según ha destacado el Secretario Federal del sector de Comunicaciones y Cultura de UGT, Jose Alfredo Mesa, en una carta a la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, María González Veracruz, «al proceso de despidos colectivo ya iniciado en Avatel, estamos seguros de que se sumarán otros en breve plazo, sobre todo si se confirman los rumores acerca de Zegona, en los que claramente se plantea un desmantelamiento progresivo de la compañía, con las repercusiones que tendría sobre una plantilla ya muy mermada«.

Comisiones Obreras, ha enviado una carta a Escrivá y a la Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, para expresar su preocupación por la posibilidad de que haya despidos en Vodafone España, señalando que no aceptarán «bajo ningún concepto, que dicha operación pueda suponer la destrucción de puestos de trabajo por las dramáticas consecuencias que una situación así produciría a las personas trabajadoras y a sus familias. Nuestra preocupación se basa en un documento público del grupo Zegona donde califica a los sindicatos como un riesgo para sus actuaciones en España y donde también habla de ahorros de costes de empleo«.

Zegona ha ido publicando que su plan de rebaja de costes para Vodafone España plantea la posibilidad de hacer despidos y el cierre de tiendas que presenten un rendimiento bajo. Así, ha puesto sobre la mesa la posibilidad de aplicar un programa de reducción de plantilla para bajar los costes de personal, que actualmente suponen el 7,1% de los ingresos actuales de Vodafone España.

Otras de las medidas están relacionadas con la renegociación de los contratos mayoristas de red fija con Telefónica, Orange y MasMóvil, así como la renegociación de los acuerdos que tiene sobre contenidos televisivos. Además, se plantean utilizar la marca Lowi para ampliar la base de abonados, cancelar «proyectos tecnológicos improductivos» y sustituir algunos servicios de alto coste que recibe la operadora.