China plantea un DNI para Internet

Controlar la actividad de los ciudadanos en Internet se ha convertido desde hace unos años en uno de los principales objetivos de muchos países que suspenden en el «Índice de Democracia», pero también de muchos otros que se consideran a sí mismos como democracias plenas.

Con motivos tan válidos como combatir la pornografía infantil, el tráfico de drogas, poner límites a la desinformación o luchar contra el acoso en redes sociales, para muchos gobiernos puede resultar tentador sin embargo dar un pasito más y establecer un control más férreo de cualquier tipo de actividad on-line que realicen sus ciudadanos…

En este dilema se encontraría en estos momentos el gobierno chino. Leemos que sus autoridades podrían expedir en los próximos meses lo que han denominado como «cyberspace IDs», un nuevo documento identificativo que según las autoridades serviría para «proteger la información personal de los ciudadanos, regular el servicio público de autenticación de identificaciones en el ciberespacio y acelerar la implementación de la estrategia de identidad on-line confiable».

El nuevo «carnet» estaría conformado por dos partes: una combinación alfanumérica y un certificado digital. Ambos componentes estarían ligados con la identidad real de cada ciudadano, que en todo caso se almacenaría de forma encriptada para proteger su privacidad en caso de fallo. Una nueva agencia ad hoc se encargaría de expedir y gestionar los nuevos documentos, que de momento se podrán solicitar de forma voluntaria.

China es uno de los pocos países en el mundo que requiere que sus ciudadanos usen sus nombres reales en Internet. Se exige a los proveedores de Internet (ISP) que recojan los nombres reales y números de identificación cuando los clientes se inscriben para recibir servicios y, desde 2017, los sitios de redes sociales como Weibo y WeChat deben autenticar las cuentas con documentos, incluyendo la identificación nacional.

Aquellos que decidan «sacarse el nuevo carnet» ya no tendrán que compartir sus datos personales con su ISP, lo cual plantea un dilema interesante: ¿es mejor que nuestra información personal esté en manos de un gobierno que puede tener así más herramientas para controlar lo que hacemos en la Red, o de una empresa privada de la que sabemos poco sobre cómo va a gestionar y proteger nuestra privacidad?

Según Beijing, al contar con este documento, «se evitará y minimizará la recopilación y retención excesiva de la información personal de los ciudadanos por parte de los proveedores de servicios de internet», lo cual suponemos que está bien para los ciudadanos a los que les preocupa más una posible fuga de datos que la vigilancia masiva por parte del Estado.

Y aunque en el cuerpo de la ley se lee que «sin el consentimiento expreso de una persona, una plataforma de internet no puede procesar ni proporcionar datos e información relevantes a terceros sin autorización, salvo que las leyes y regulaciones administrativas dispongan lo contrario», ese «salvo que dispongan lo contrario» abre la puerta de par en par a que el estado pueda hacer lo que quiera con esos datos.