Argentina quiere prevenir el crimen utilizando Inteligencia Artificial

Argentina se encamina al mundo que Steven Spielberg ilustraba en «Minority Report». En la película, basada en un relato corto de Philip K. Dick. la policía hace uso de una tecnología predictiva para arrestar a criminales antes de que cometan delitos. Esta tecnología se basaba en realidad en las visiones de tres individuos, conocidos como «precogs» que supuestamente tenían la habilidad de prever los crímenes futuros.

Pero a falta de individuos con habilidades psíquicas extraordinarias o mediums en los que poder confiar ciegamente, el gobierno de Javier Milei ha decidido darle una oportunidad a la inteligencia artificial. Para ello acaban de poner en marcha su Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS), que utilizará «algoritmos de machine learning para analizar datos históricos de delitos y predecir crímenes futuros».

Además se desplegará una amplia red cámaras y software de reconocimiento facial con las que identificar a las personas «más buscadas» y detectar en tiempo real, actividades potencialmente sospechosas.

Aunque desde el Gobierno se confía en que estas medidas puedan reducir drásticamente las altas tasas de criminalidad del país, los expertos temen que determinados grupos sociales sean discriminados (por exceso) en estas tareas de vigilancia. Además han mostrado su preocupación sobre quiénes y cuántas fuerzas de seguridad podrán tener acceso a esta información.

Sin ir más lejos, la sección local de Amnistía Internacional ha alertado que la nueva unidad podría chocar directamente con el respeto de los derechos humanos: «la vigilancia a gran escala afecta la libertad de expresión porque alienta a las personas a autocensurarse o abstenerse de compartir sus ideas o críticas si sospechan que todo lo que comentan, publican o difunden está siendo monitoreado por las fuerzas de seguridad» afirman.

Al mismo tiempo, el centro argentino para la libertad de expresión y acceso a la información ha denunciado que históricamente estas tecnologías se han utilizado para perseguir a periodistas, activistas y opositores políticos. La medida va en línea con otras patrocinadas por Patricia Bullrich, quien supuestamente aspira a replicar el controvertido sistema carcelario de El Salvador, mientras que la administración avanza hacia la militarización de la política de seguridad.