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El G-7 acuerda gravar a los gigantes tecnológicos y urge a regular Libra
La última reunión del G-7 ha sido bastante productiva. Este grupo se diferencia del G-20 por tener un carácter un poco más informal, aunque su importancia está fuera de toda duda, ya que en él participan los siete países con mayor influencia del mundo, no en vano representan alrededor del 64% de la riqueza del mundo.
Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido son los integrantes del G-7, aunque la Unión Europea cuenta con participación y representación en el mismo.
Las amenazas de Donald Trump de imponer aranceles a los países que decidieran gravar a gigantes tecnológicos como Google o Facebook no han surtido efecto, y es perfectamente comprensible, ya que Estados unidos podría acaba acabar «peleado» con medio mundo si continúa en su cruzada de mantener ese papel de «ordeno y mando» que tantos problemas está causando a la estabilidad de la economía internacional. No exageramos, basta recordar todo el temblor que ha provocado su guerra comercial con China, y la caída en bolsa de grandes tecnológicas tras el veto injustificado a Huawei.
Durante ese último encuentro se ha llegado a un principio de acuerdo para afrontar los desafíos que supone el establecimiento de una regulación que tiene como objetivo fiscalizar a los gigantes tecnológicos (Apple, Google, Facebook y Amazon, principalmente) estableciendo una normativa común internacional, es decir, un tipo general que tendrá aplicación global.
La idea de centrar los esfuerzos alrededor de una normativa mundial tiene una razón de ser simple y clara, permite evitar los problemas que podrían derivar del establecimiento de normativas locales que faciliten la creación de paraísos fiscales. Con una única regulación el tipo impositivo es el mismo, y las empresas ven como sus posibilidades de recurrir a la «ingeniería fiscal» se reducen de forma drástica.
Entre las bases más importantes de ese proyecto en común destacan dos grandes claves: que se pueda gravar a los gigantes tecnológicos en función del país en el que obtengan sus ingresos, aunque no tengan presencia física allí, y un tipo mínimo del impuesto de sociedades para reducir el peso de los paraísos fiscales. Este principio de acuerdo ha quedadoen manos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que será la encargada de darle forma para proceder a una primera votación en enero de 2020.
Por lo que respecta a Libra la incertidumbre que plantea dicha criptodivisa sigue jugando en contra de Facebook. Los miembros del G-7 han mostrado sus inquietudes frente a ella, y han dicho abiertamente que arrastra una gran problemática tanto técnica como legal, ya que no han explicado cómo piensan garantizar la seguridad y la protección de sus usuarios, y tampoco como piensan controlar su posible utilización como moneda de cambio en operaciones de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.
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