Europa se pone seria: los gigantes tecnológicos que no cumplan las reglas podrían acabar fragmentados en varias partes

Hace una semana vimos que Europa había lanzado un importante aviso a Google a través del Comisario de Interior, Thierry Breton, quien dijo al gigante estadounidense que Internet no es el Salvaje Oeste y que necesitamos reglas claras y transparentes que nos permitan dar forma a un entorno predecible, donde imperen derechos y obligaciones equilibrados.

Para conseguir ese objetivo, la Unión Europea pretende establecer una nueva normativa que facilitará un mayor control de las actuaciones de gigantes como Google, Apple, Amazon, Facebook y Microsoft en el viejo continente. Al tratarse de una normativa comunitaria tiene una entidad supranacional, y será de aplicación en la Europa de los 27.

Como muchos de nuestros lectores habrán podido anticipar, uno de los principales objetivos de esa nueva regulación es evitar conductas monopolísticas y frenar las acciones de competencia desleal que, con la legislación actual, resultan complicadas de identificar, pero que acaban perjudicando enormemente al libre mercado y son contrarias a la idea de una competencia justa y en igualdad de condiciones.

Thierry Breton no se ha cortado a la hora de explicar, y de valorar, las consecuencias que podrían afrontar los gigantes tecnológicos que decidan hacer caso omiso a la Ley de Servicios Digitales (DSA) y la Ley de Mercados Digitales (DMA), dos normativas que todavía se encuentran en desarrollo, y cuyos borradores deberían ser presentados dentro de un plazo aproximado de dos semanas.

Según el Comisario, aquellas empresas que decidan ignorar el cumplimiento de esa nueva normativa afrontarán sanciones que irán escalando en gravedad dependiendo la entidad de la infracción, y de la reincidencia. Así, partimos de la clásica multa, que será la sanción más habitual y más utilizada, y podemos llegar hasta una medida concebida a modo de «último recurso», que obligará a la empresa a completar una separación estructural, es decir, a fragmentarse en trozos más pequeños. Breton dijo que su objetivo no es romper empresas, e insistió en que se trata de un recurso «final» para salvaguardar los derechos de los consumidores y para proteger a las empresas más pequeñas asegurando la libre competencia.

Es importante recordar que, además, la DSA obligará a las empresas de tecnología a explicar cómo funcionan sus algoritmos, a abrir sus archivos publicitarios a entes reguladores e investigadores de Europa, y a adoptar un papel más activo en la lucha contra la incitación al odio, el contenido perjudicial en sentido amplio (bulos incluidos) y la venta de productos falsificados a través de sus plataformas.

Si todo va según lo previsto, esta nueva normativa podría entrar en vigor dentro de un plazo aproximado de entre uno y dos años, ya que una vez que se presenten los borradores todavía será necesario abordar un proceso de negociación con los países miembros y lograr la aprobación del Parlamento Europeo.