La nueva Ley de Servicios Digitales obligará a las tecnológicas a actuar con transparencia

Ya hay un acuerdo en la UE sobre los términos de la Ley de Servicios digitales (DSA). El pasado sábado, después de una jornada maratoniana de negociaciones que se extendió durante 16 horas, los países miembros consiguieron coincidir en todos los puntos de una normativa que hará que las grandes tecnológicas tengan que tomarse más en serio el contenido que aparece en sus plataformas, ya que tendrán más responsabilidades sobre él.

También tendrán nuevas obligaciones, entre las que están la eliminación de los contenidos ilegales con más rapidez o la obligación de explicar a los usuarios y los investigadores cómo trabajan sus algoritmos. Además, tendrán que tomar medidas más duras para evitar la expansión de la información falsa o errónea. Si no lo hacen, y no cumplen lo establecido por esta ley, se enfrentarán a sanciones que podrían llegar hasta el seis por ciento de sus ingresos anuales.

La Ley de Mercados digitales, o DMA, que puede confundirse con la DSA, se centra más en igualar el terreno en el que se mueven las empresas. Por su parte, la DSA se ocupará más de cómo las empresas gestionan el contenido que aparece en sus plataformas. Por tanto, la DSA será la que tenga más impacto inmediato en los usuarios finales, mientras que la DMA afecta más a las empresas. Ambas, eso sí, harán distinciones entre las obligaciones y sanciones para las empresas en función de su tamaño, y como es lógico, serán las más grandes las que tengan que hacer frente a un mayor nivel de investigación y sanciones.

A la vista de lo que proponen estas leyes, es poco probable que solo afecten a ciudadanos y negocios situados en los países de la UE. Las leyes solo les afectan a ellos, pero es más que probable que también se noten sus efectos en otros países. Puede que las tecnológicas decidan que dado que tienen que cumplir esta normativa en uno de sus principales mercados, les resulta más económico implementar una única estrategia a nivel global basada en ella que varias. Además, en otras partes del mundo han empezado hace tiempo a fijarse en las normas que se imponen en la UE como inspiración para las suyas.

Mientras se lo van pensando, empiezan a conocerse las principales normas que tendrán que cumplir en la UE en función de lo marcado por la DSA. Todavía no se ha hecho público su contenido completo, pero sí se han desvelado sus puntos más importantes. Como el que establece que la publicidad dirigida que se base en la religión, orientación sexual o etnia de un individuo está prohibida. Además, en el caso de los menores de edad estará prohibida toda la publicidad dirigida.

También se prohiben los conocidos como patrones oscuros, es decir, las interfaces de usuario confusas o engañosas creadas para hacer que sus visitantes tomen decisiones concretas que interesan a la empresa que las desarrolló. Además, como norma, la cancelación de suscripciones debería ser tan sencilla como un proceso de suscripción.

Por otro lado, las plataformas online de gran envergadura, como Facebook, tendrán que hacer que el funcionamiento de sus algoritmos sea transparente para los usuarios. Así, todos tendrán información sobre la ordenación que Google hace del contenido de sus páginas, o del sistema empleados por las plataformas de streaming para sugerir contenidos a sus suscriptores. Las plataformas tendrán que ofrecer también a sus usuarios un sistema de recomendación que no esté basado en perfiles. Esto implica, para plataformas como Twitter o Instagram, la obligación de ofrecer un perfil cronológico, como ha hecho la segunda recientemente (aunque sin posibilidad de fijarlo).

Asimismo, los servicios dedicados al hosting web, así como las plataformas, tendrán que explicar de manera clara por qué han eliminado contenido ilegal, además de dar a los usuarios la oportunidad de apelar este tipo de decisiones. Eso sí, la DSA no define qué considera contenido ilegal, y será cada país de la UE el que tendrá que establecerlo.

Las plataformas de Internet de mayor envergadura tendrán además que ofrecer datos clave a los investigadores que trabajen para analizar cómo evolucionan los riesgos online, y las plataformas de comercio electrónico tendrán que guardar información básica sobre los comerciantes que las utilizan para rastrear a quienes vendan productos o servicios ilegales. Además, las plataformas y redes tendrán que aprobar estrategias nuevas para abordar la desinformación cuando se den situaciones de crisis, como la pandemia o la guerra de Ucrania.

Como hemos mencionado, las normas concretas de la DSA ya tienen el acuerdo de los estados miembros de la UE, pero todavía es necesario aterrizarlas y concretarlas, para que la ley se vote oficialmente después, aunque este paso se considere ya una formalidad. Una vez aprobada, la ley entrará en vigor 15 meses después de que se apruebe o a partir del 1 de enero de 2024, la fecha que resulte más tardía de las dos.