El acceso a banda ancha es una prioridad federal en Estados Unidos

Un adecuado acceso a las comunicaciones es, desde hace muchos años, una prioridad nacional para la administración federal de Estados Unidos, que ya en 1985 puso en marcha el programa Lifeline de la FCC (comisión federal de las comunicaciones), cuyo cometido en estos 31 años ha sido y sigue siendo evitar que la falta de recursos económicos se convierta en una barrera de acceso a las comunicaciones. En aquel momento, claro, atacaba el problema de las comunicaciones telefónicas, ofreciendo líneas y llamadas económicas a aquellos ciudadanos cuyos recursos económicos no les permitieran acceder a las mismas por su precio normal de mercado. Hoy el mundo de las comunicaciones ha cambiado por completo, y las llamadas de voz han pasado a un más que discreto segundo plano en comparación con la herramienta que empleamos todos a diario para comunicarnos, informarnos, formarnos, etcétera, Internet.

Así, la FCC, que ya ha modificado Lifeline en otras ocasiones para adaptarlo al signo de los tiempos, va a introducir cambios en el mismo, con los que además también pretende combatir el fraude llevado a cabo hasta ahora por muchos usuarios, que han podido disfrutar del mismo pese a que no cumplían las condiciones necesarias para ello. En la revisión que se hizo en 2005, se incluyó por primera vez la conectividad a Internet, que se llevaría a los hogares de los menos pudientes a través de planes de datos prepago a través de móviles. En su momento resultó un buen sistema, pero la FCC cometió el error de delegar en las operadoras las labores de controlar que los solicitantes del servicio cumplían las condiciones. ¿El resultado? Que una investigación llevada a cabo en 2013 por el Wall Street Journal denunció que el 41% de los seis millones de usuarios no tenían derecho, en realidad, a acceder a dicho servicio.

En ese momento la FCC tomó varias medidas, de las que la fundamental fue asumir ella misma el control de todas las peticiones de acceso a Lifeline, así como de las revisiones anuales (es necesario demostrar que se mantienen las condiciones para seguir disfrutando de este programa social), lo que ha acabado con el fraude masivo llevado a cabo por muchos ciudadanos, que no dudaron en sacar parte de la desidia de las operadoras para llevar a cabo su trabajo.

Ahora, con la nueva revisión propuesta, se cambia la conectividad móvil por acceso residencial de alta velocidad (banda ancha) con 10 megas de bajada a un precio mensual que, tras la subvención, se queda en 9,25 dólares. Para la administración federal, el 48% de las unidades familiares con unos ingresos iguales o  inferiores a 25.00 dólares anuales no pueden permitirse el acceso a un servicio de banda ancha en las condiciones estándar del mercado, algo que dificulta el acceso a otros servicios estatales de índole social y, sobre todo, supone un handicap bastante importante para los niños y jóvenes que todavía se están formando, y que necesitan disponer de un acceso a Internet rápido y de calidad.

Aunque de momento se trata sólo de una propuesta que aún debe seguir los cauces legales hasta aprobarse definitivamente, desde este lado del charco da cierta envidia ver cómo en Estados Unidos son conscientes, desde las administraciones públicas, de la importancia de las comunicaciones y la conectividad para la sociedad. Y más aún al ver que telecos estadounidenses como Comcast ya ofrecen servicios parecidos.

En el caso de esta operadora, todos los beneficiarios de determinados programas sociales de Estados Unidos pueden acceder a Internet Essentials, un servicio de acceso a Internet residencial por 9,95 dólares al mes más impuestos. Gusta y da envidia ver, hasta qué punto, no sólo las administraciones públicas sino también las grandes empresas privadas, son conscientes de que invertir en este tipo de programas supone un beneficio social a corto plazo, que a medio se traducirá también en una sociedad mejor formada y más competitiva.

Imagen: Hans